Un interesantísimo artículo del profesor Manuel A. Río en la edición de antesdeayer del Diario de Sevilla
LA implantación de la Logse ha venido acompañada de una creciente problematización social del absentismo escolar. El aumento de los años de escolaridad obligatoria ha generado, de forma previsible, un aumento de los abandonos escolares tempranos. El absentismo constituiría una problemática a situar, por tanto, en un continuum entre las ausencias escolares y las rupturas definitivas de estos jóvenes con los frágiles vínculos que mantenían con el sistema educativo.
En 1998, como indicaba la Oficina del Defensor del Pueblo, carecía Andalucía de una normativa específica para definir y tratar el absentismo. Esta situación empieza a cambiar en 2001, con el primer Decreto de un serial normativo que ha ido mejorando los criterios de identificación y registro del problema, así como la coordinación en su abordaje. Sin embargo, la lucha contra el absentismo escolar en nuestra tierra presenta aún déficits que todos debiéramos empeñarnos en subsanar, eso sí, evitando los frecuentes usos partidistas y mediáticos.
A pesar de los avances en los mecanismos de registro del absentismo, no exentos de problemas, se mantiene la invisibilidad estadística de un fenómeno socialmente estratificado, con una incidencia muy desigual a lo largo del mapa escolar andaluz. La cuestión no es si el absentismo afecta en nuestros días a algo más o algo menos del 1% del conjunto de los escolares andaluces. El gran problema es que sigue habiendo centenares de establecimientos en Andalucía que, pese a declararse en su día "centros de atención educativa preferente", llevan años acumulando tasas de absentismo que alcanzan las dos cifras, pudiendo incluso hablarse de una preocupante reproducción intergeneracional de estas prácticas anticipatorias de la exclusión social.
Los centros deben diversificar sus actuaciones en función de las distintas modalidades de absentismo que registran, y de las diferentes circunstancias que rodean a cada caso. Una vez más las generalizaciones son odiosas, pero persiste en muchos centros un tratamiento del problema consistente en "echar balones fuera", sin agotarse a nivel de la institución educativa todas las posibilidades de intervención existentes antes, durante y después de las derivación formal y obligada de los casos a otras instancias. A veces se llega al extremo de no registrar y no denunciar las ausencias de menores que, en los días que asisten a clase, generan especiales problemas de conducta. En otras ocasiones se aplican expulsiones sobre chavales que también arrastran problemas de absentismo, asistiendo confusamente las familias a la devolución de los menores que la propia institución les reclama, y a los que tanto cuesta levantar. Aunque una normativa reciente ha introducido algo de orden en la cuestión, hasta hace poco muchos centros no admitían a chavales de perfil absentista, porque llegaban tarde.
La malla contra el absentismo tejida entre diferentes instituciones también debe mejorar. Por ejemplo, debería haber una mejor coordinación entre centros escolares y centros de salud, a fin de que éstos sean más rigurosos a la hora de distribuir justificantes de faltas por enfermedad. A su vez, en lo que afecta a instancias punitivas, se viene actuando demasiado tarde. Abundan las situaciones de casos derivados en el primer trimestre, para los cuales la intervención final de Fiscalía se materializa con el curso finiquitado, lo que intensifica el malestar y la resignación de los docentes, cuyas extendidas críticas a aspectos ineficaces del "protocolo de absentismo" vigente debiéramos tomar más en cuenta. Por otro lado, en comparación a los casos derivados desde los centros, suele resultar pequeño el porcentaje de sanciones aplicadas.
¿Y con las familias que nutren absentistas, qué más podemos hacer? Lo más difícil. No obstante, en la comunidad educativa resulta extendida la necesidad de intensificar y diversificar las intervenciones durante la escolarización primaria, cuando más modificables son ciertos malos hábitos permitidos de los menores, si se presiona, incentiva y conciencia a su vez a los padres. La actuación temprana podría acompañarse de medidas dirigidas especialmente a los casos más recuperables. No basta con una política basada en sanciones, como la consistente en supeditar el cobro de ayudas familiares a la asistencia filial a clases. Medida por lo demás de eficacia limitada: abundan los casos en los que conseguido "el papel de la asistencia" se suspende el pacto hasta una nueva orden, amenaza administrativa, o convocatoria de ayudas. Además, el que sean los centros los encargados de expedir estos certificados, jugándose allí las familias ingresos muchas veces vitales, multiplica las fricciones y desconfianzas habituales entre docentes y padres.
Una medida accesible y eficaz es conceder incentivos temporales que posibiliten y favorezcan el interés doméstico por la escolaridad, como se pretende con las nuevas y necesarias becas-salarios dirigidas a potenciar la continuidad escolar concluida la ESO de las capas sociales con mayor abandono. Es muy fácil culpar de todo a "la cultura" de los otros mientras se ignora la frecuente influencia en el absentismo escolar de condiciones sociales como la ausencia familiar de unos mínimos ingresos regulares, o las jornadas laborales interminables de las explotadas madres inmigrantes. Luchemos contra la desigualdad y la exclusión social y ganaremos posiciones en la cruzada contra el absentismo en el sistema educativo andaluz.
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