Sobre elecciones primarias. Una reflexión de Jorge Costa y José Luis Moreno Pestaña

Para discutir de las primarias, partimos de una idea: lo fundamental en un colectivo electoral (partido, agrupación, plataforma, poco importa) no son solo los intereses sociales que representa, sino también el modo en que se organiza para encauzarlos. Si se piensa, por ejemplo como Gramsci, que la conquista de la democracia requiere a veces partidos poco democráticos, o que la diferencias de poder en una organización política son como las que existen entre un director de orquesta y su banda, las primarias carecen de sentido. Primero, porque desvían la atención del objetivo principal (la toma del poder) y, segundo, porque la división política se considera idéntica a la división técnica del trabajo: unos tocan el trombón y otros llevan la batuta; según sus cualidades. Lo democrático sería que los del trombón y la batuta entrenen a futuros aspirantes enseñándoles la disciplina precisa y que esos aspirantes se recluten sin sesgos de género o de clase –u otros ^(1). Robert Michels defendía crudamente una aristocracia política de los mejores oradores, los más hábiles en política y los que tengan mejor preparación técnica. Michels, reivindicando la oligarquía, escandaliza a los marxistas, como lo hizo con Gramsci, pero solo llevaba a su término la lógica del modelo moderno de representación: los representantes han de ser mejores que los representados y tenemos medios para saber cómo seleccionarlos. ⁽²⁾

Las primarias solo interesan si se sale, en parte, de dicho esquema. Decimos bien en parte: las primarias solo sirven para cuestionar la tesis de que los partidos seleccionan bien a las elites políticas, ya que se considera (a) que los partidos no son simples reflejos de la demanda social sino que la estructuran, la organizan y la desvían y que no existe solución convincente contra ese problema dentro de los partidos -mal que le pese a Gramsci (b) que la participación política no se deja comparar con el entrenamiento técnico en una actividad especializada (y este argumento es contra Michels). O que si tal comparación procede (y por tanto le damos cierta razón a Michels), las dinámicas de los partidos no permiten que elijamos bien al violonchelista y al de la flauta travesera.

Las primarias, entonces, ayudan por un lado, a ampliar la presencia de la demanda social en las decisiones de la organización, vigilando la tendencia de las cúpulas a deformar dicha demanda y, por otro lado, a fortalecer la experiencia política de la gente con menos poder (los afiliados de base y, en general, los ajenos a las redes políticas establecidas), único camino para la ampliación efectiva del número de gente que puede decidir. ⁽³⁾

Para esos objetivos, las primarias no son una garantía absoluta y podría pensarse que existen mejores mecanismos para llevarlos adelante. Dejaremos de lado la discusión general de esa cuestión, pero la tendremos en cuenta cuando introduzca dos mecanismos que complementarán las primarias: el sorteo para evitar las peleas por ciertas dimensiones del orden electoral y los necesarios organismos de supervisión de los candidatos elegidos.

Quién vota en unas primarias

Toda organización política se enfrenta a dos tareas: la primera, decidir de quien desea ser voz, y, luego, cómo podría escucharla efectivamente. La primera cuestión nos remite al censo, es decir, a las peculiaridades de los ciudadanos a los que se escucha. La segunda a cómo se les convoca a participar.

Aparentemente, la tesis más democrática es la de que se debe escuchar a todos. Pero, enseguida, surgen los problemas: entre esos todos puede haber agentes mal intencionados (motivados por fastidiar a la organización) o, simplemente, irresponsables (y, por ello, no susceptibles de ser tenidos en cuenta). La participación es un criterio de la democracia pero la responsabilidad es otro y a veces participación sin responsabilidad se contraponen. Hasta ahora todas las organizaciones políticas, sobre todo las más democráticas, han prestado atención al problema del censo y no resulta ocioso recordar que la mayor participación democrática fue siempre unida, desde los griegos, a restricciones para ser considerado alguien competente: edad, nacimiento y otras barreras que nos resultan insoportables como ingresos, género… la historia de la democracia es también la historia del censo. ⁽⁴⁾ Una organización política puede considerar revocables esos criterios (por ejemplo, la nacionalidad o la edad) y priorizar otros (así, la participación política efectiva independientemente de la edad o de la nacionalidad). En nuestra opinión, ciertos criterios deben ser considerados para formar parte del censo de electores en unas primarias. Al modo, por ejemplo, del Partido Socialista Francés, un compromiso con los objetivos programáticos y una cuota de inscripción (que iría desde un euro para los desempleados hasta diez para quienes tienen trabajo fijo). Evidentemente, eso no asegura la credibilidad de los participantes ni la seriedad de su compromiso, pero impone un primer filtro y desincentiva los fraudes menos sofisticados. Sobre este tema, como sobre cualquiera, no existe solución mágica para evitar la irresponsabilidad, la manipulación o el parasitismo.

La siguiente cuestión es cómo se escucha a esa gente. Se podría considerar, mejor que el voto,  asambleas deliberativas donde se discuta la calidad de los candidatos. Una objeción provendría de que en tales asambleas las ganarían los políticamente entrenados (por sus apoyos partidarios, mediáticos o su entrenamiento cultural). El voto (previo pago y firma del compromiso) secreto, se asista o no a deliberaciones sobre los candidatos, es el único antídoto contra el poder de las camarillas. La mejor manera de escucharlos, dada las desiguales posibilidades de participación, es la de un voto con garantías (con urnas o por Internet). Técnicamente, la opción que defendemos es la de unas primarias semicerradas.⁽⁵⁾

El voto secreto es fundamental para evitar el poder de las camarillas en asambleas. Por otra parte, un espacio deliberativo permite un intercambio de informaciones y pareceres que mejora cualitativamente el voto (y, además, la implicación de las personas que participan en dicha deliberación en el proyecto político). Tendemos a asociar el espacio deliberativo con una asamblea de participación voluntaria, donde los especialistas y las camarillas desvirtuarían la deliberación de los profanos; pero se pueden crear espacios de deliberación diferentes: seleccionando aleatoriamente a los participantes entre los adherentes a las primarias, o entre las fracciones de la población que se consideren representativas (al estilo de los grupos de discusión o los focus groups). Según cuenta Yves Sintomer (6), tal se realiza en los grandes partidos para procesos electorales en EEUU o en España, pero con un sentido más instrumental que democrático. Existen varias maneras de llevar a cabo esta experiencia. Si se sorteara entre los adherentes, sería conveniente introducir cuotas que corrigieran efectos indeseables del sorteo: paridad de hombres y mujeres, composición social y cierto reparto por edades. Si se considera que además es aconsejable ver la valoración que los candidatos pueden tener más allá de la propia organización política, el objetivo sería seleccionar personas, a partir de una lista sorteada previa procedente del censo electoral, que no se conozcan entre sí y formar grupos sociológicamente diversos, atendiendo con más detalle a criterios como la clase social, el género, la edad o el nivel de estudios. En ambos casos, habría que buscar soluciones para no reproducir aquí el sesgo de la participación espontánea: remuneración a los participantes (no tiene porqué ser económica), fechas y horarios asequibles, o la conciliación familiar y laboral son aspectos a tener en cuenta. Una vez seleccionados los grupos, estos recibirían información de los distintos candidatos días antes de reunirse y, si la logística lo permite, podrían también interrogarlos sobre cuestiones acordadas durante la deliberación. Tanto estos espacios de deliberación como las asambleas voluntarias podrían ser televisados (sería fácil hacerlo con los medios actuales), lo que tendría dos virtudes, si es que la gente se interesa: (1). ampliar la información a aquellos que no participan en los espacios y (2) visualizar el problema de la división del trabajo en el debate político y medir hasta qué punto es relevante o no. Por supuesto, al final del proceso, el voto secreto sigue siendo la garantía de independencia en la participación política.

Cabe preguntarse si en las primarias no tendrían mayor poder los notables y los que controlan recursos sociales y económicos. Sí, sin duda; y las organizaciones deberían velar, casi siempre sin garantías absolutas de éxito, por permitir idénticas oportunidades a todos los candidatos. Pero el problema es real. Los aparatos de los partidos dominan la organización por medio de una distribución interesada de recursos económicos, políticos o simbólicos (oportunidades de empleo, liberaciones, puestos electorales, consagraciones simbólicas). Al romper los mecanismos de nominación controlados por el partido surge el peligro de que se impongan otros poderes (sociales, económicos, caciquiles, mediáticos). Cómo protegerse ante ellos no tiene una solución sencilla. Más adelante, al referirnos al control de los elegibles, trataremos el problema.

¿A quién puede elegirse y cómo controlar el fraude?

La opción por primarias no puede desligarse de otras exigencias democráticas: la rotación de los cargos (lo que exige que no siempre se podrán presentar los mismos) y la rendición de cuentas sobre lo que se hace con el mandato.

Vayamos, primero, con el asunto de los requisitos para presentarse. Cualquier opción tiene problemas para controlar el oportunismo político. Los avales contribuyen a cerrar las posibilidades a las personas que, aunque tengan pocos recursos culturales, redes políticas o don de gentes, podrían ser excelentes mandatados. En fin, exigir que hablen o escriban bien, o que sean competentes en los medios de comunicación, nos parece típico de quienes piensan la política según el modelo del lobby. No sé si se dan cuenta hasta qué punto reproducen la ideología liberal clasista (típica de los críticos conservadores del sufragio universal) de que la democracia no es para todos, porque se necesita dinero o, en este caso, cultura o donaire. 

Siempre, en toda democracia, la participación ha ido unida a la rendición de cuentas y al examen de los candidatos. En Atenas, según nos cuentan, los pillos (por amigos de los oligarcas, por condenados por fraude…) evitaban presentarse a los sorteos de los cargos públicos para evitar que les sacaran los colores y los desecharan en las evaluaciones que les realizaban los ciudadanos. Una organización política no puede dejar que se le cuelen delincuentes ni, simplemente, personas cuya trayectoria representa lo opuesto al ideario político que se defiende. Quienes creemos en el derecho de las personas a cambiar admitimos que alguien puede dejar de ser un corrupto o, en el caso de la ideología, un fascista, estalinista, racista, defensor del asesinato político o un homófobo, y eso en cualquier momento de su vida. Pero también que debe esperar para considerarse en condiciones de que su comportamiento confirme la sinceridad y estabilidad de sus nuevas ideas.

Claro está: un comité de depuración ideológica de los candidatos puede ser muy siniestro, si quienes lo forman se encuentran imbuidos de espíritu sectario y de una moral restrictiva y de campanario. La única solución que se nos ocurre es la del sentido común: sortear entre los adherentes a las primarias una comisión de cincuenta personas que supervise a los candidatos, y eso para cada elección. Dicha tarea incrementará los estímulos políticos para inscribirse en las primarias, atribuyendo a los participantes la competencia para juzgar la idoneidad de los candidatos. La tesis de que una comisión de notables políticos elegida supervise a los candidatos alargaría la discusión de acerca de en qué son notables y si semejante notabilidad debe mantenerse o rebajarse⁽⁷⁾.  Sucede a menudo que preferimos creer que tenemos argumentos para definir en qué consiste verdaderamente la competencia política, aunque, como todo lo que se supone que se sabe, pocas veces nos atrevemos a explicitarlo. ¿Por qué? Porque escandalizaría comparar lo que consideramos competencia política con los atributos de quienes ascienden en los partidos. El sorteo, cuando se carece de instrumentos racionales para determinar al mejor, es la opción más racional. Por desgracia, como señala Jon Elster, “antes que aceptar los límites de la razón, preferimos los rituales de la razón” (8).

Pasemos ahora a cómo conformar la lista electoral. En cualquier tipo de elecciones el proceso debe ajustarse a nivel territorial. En uno u otro caso, consideramos que existe un acuerdo en que el cabeza de lista debe ser alguien con cualidades políticas especiales. Puede juzgarse que podrían requerirse esas cualidades en los primeros puestos. Por otra parte, debe atenderse a las cuotas tanto si están legalmente fundadas como si son ideológicamente racionales: género, territorio, etc.

Los candidatos con cualidades especiales (ya sean uno, dos o tres o más… o menos) deben escogerse por medio del voto y seleccionar entre ellos a los más votados de una lista de los seleccionados para presentarse –siempre con las correcciones derivadas de las cuotas. Recordemos que su candidatura tiene límites y que en una, dos o tres elecciones no serán elegibles y deberán demostrar que pueden trabajar en una organización política sin necesidad de representarla electoralmente. El resto de los candidatos, con las correcciones que establezcan las cuotas, podrían ser ordenados en la lista por sorteo, evitando las costosas negociaciones fraccionales sobre los puestos electorales. Tales candidatos fueron ya seleccionados por una votación de todos los adherentes y, en principio, el coste de negociar puestos (sin criterios racionales claros) es muy superior al hecho de sortearlos.

En fin, para acabar, la comisión de evaluación sorteada entre los adherentes deberá también renovarse en un plazo determinado. Esa comisión, u otra perfilada del mismo modo, podría supervisar la actividad de los elegidos.

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(1) Antonio Gramsci, “Robert Michels y los partidos políticos”, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires, Nueva Visión, 1980, p. 119.

(2) Eran las razones para descartar el sorteo y la rotación, que se utilizaron en las primeros sindicatos británicos. Véase Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques de la démocratie, París, Flammarion, 1914, pp. 11-12.

(3)  Es una argumentación de Ramón Vargas-Machuca, “A vueltas con las primarias en el PSOE”, Claves de Razón práctica, n º 86, 1998, pp. 20-21. 

(4)  Véase sobre el problema del censo y las condiciones para la libertad de palabra José Luis Moreno Pestaña, “Isegoría y parresia. Foucault lector de Ión”, Isegoría, nº 49, 2013.

(5) Sobre esto nos apoyamos en el excelente libro de Miguel Pérez-Moneo, La selección de candidatos electorales en los partidos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012, p. 271.

(6) Véase el capítulo IV en Yves Sintomer, Petite histoire de l'expérimentation démocratique. Tirage au sort et  politique d'Athènes à nos jours, París, La Découverte, 2011.
(7) Fue una de las misiones de los caucus (etimológicamente, reunión de jefes de tribu) o grupos de parlamentarios y dirigentes que vigilaban la promoción de candidatos en redes locales clientelistas (véase Pérez-Moneo, p. 240).

(8) Véase Juicios salomónicos. Las limitaciones de la racionalidad como principio de decisión, Barcelona, Gedisa, 1999, p. 40.