Manifiesto en defensa de los servicios públicos
El plan de ajuste presentado por el Gobierno cede a la presión de los mercados financieros y asesta un duro golpe a pensionistas, empleados públicos, personas dependientes y en paro.
Es un plan antieconómico que reduce drásticamente la inversión pública, lo que contribuirá a prolongar los indicadores de la recesión, a desplazar la creación de empleo como objetivo central de la actividad económica y producirá una contracción del consumo al afectar a más de 11 millones de personas (2,7 millones de empleados y empleadas públicos y 8,5 millones de pensionistas), una gran parte de los cuales apenas superan los 1.000 euros mensuales.
Rompen con el Acuerdo Gobierno-sindicatos de 25 de septiembre de 2009 y quiebran la confianza de quiénes optamos por dar un paso responsable y recuperar el valor del diálogo social, contribuyendo con ello a la recuperación económica. Un acuerdo suscrito hace apenas siete meses sobre parámetros económicos que no han cambiado en lo básico y que fueron tenidos en cuenta para el mismo. Nada posterior justifica su incumplimiento.
La negociación colectiva es un derecho fundamental que está en la Constitución Española, con estas medidas una vez más el Gobierno quiebra este derecho constitucional. Poniendo en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de las empleadas y empleados públicos, tratando de enterrar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del EBEP.
La calidad de los servicios públicos exige de la sociedad, y especialmente de sus responsables políticos, el reconocimiento y valoración que les corresponde por la labor esencial que realizan en áreas tan esenciales como la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, la atención a la dependencia, etc. Alterar unilateralmente los acuerdos suscritos y reducir los salarios de los empleados públicos es el peor mensaje que se pueda enviar.
Denunciamos que, cuestionando el sector público se abre la puerta a la externalización y la privatización, suponiendo de facto una renuncia expresa al papel que deben jugar los servicios públicos y el conjunto del sector público en la recuperación económica y en el necesario cambio de modelo productivo.
Las medidas del Gobierno no son ni equitativas ni equilibradas, interviniendo exclusivamente sobre los gastos y los sectores más débiles y olvidándose de cualquier medida sobre los ingresos vía fiscalidad que conseguiría un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis.
Y todo ello se pretende justificar con un ataque a la dignidad y profesionalidad de los empleados y empleadas públicos. Con un ataque a aquellas personas que, desde las diferentes administraciones y empresas públicas, pese a la carencia de medios materiales y humanos, pese a estar mal retribuidos, sacan adelante, día a día, unos servicios públicos que son fundamentales para la cohesión social y pilar fundamental del estado del bienestar.
En este sentido, esta campaña de recogida de firmas, forma parte de las movilizaciones para combatir una rebaja injusta y contraproducente para con los empleados públicos y los Servicios Públicos que prestan.
- Por una salida social a la crisis
- Por unos Servicios Públicos de Calidad
- Por un Estado del Bienestar que responda a los ciudadanos
- Por la dignidad de las empleadas y empleados públicos
- Por el respeto a su negociación colectiva
- No al recorte de los salarios de los empleados y empleadas públicos
- Por el respeto y el cumplimiento de los acuerdos existentes
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