Sobre política I. Servicios públicos, mercado y Estado

El debate sobre los servicios públicos se organiza sobre dos ejes. El primer eje es el de su necesidad, es decir, si la inversión pública debe garantizar determinados derechos. El segundo eje remite al de su coste: cuánta inversión pública necesitamos, una vez decidido lo anterior. 

Las posibilidades de combinación de ambos ejes son cuatro. Una primera combinación es la que propone defender el gasto público y lo equipara con mayor calidad. Podríamos identificar tal posición con la tradicional de la izquierda en sus diferentes versiones –pero también la de cierta derecha organizada alrededor de un pensamiento demócrata cristiano o estatista  -es el caso, por ejemplo, de Charles de Gaulle o Manuel Fraga quien, aún en la dictadura, decía “hoy todos somos socialistas” (Ver Salvador Pániker, Conversaciones en Madrid y Cataluña, Barcelona, Kairós, 2004). 

La segunda posibilidad es la que equipara el mayor gasto público con una disminución de la calidad de protección de los derechos. Esta posición puede materializarse políticamente entre quienes señalan que el gasto público produce poblaciones dependientes, carentes de autonomía y secuestradas por una lógica clientelar. Tal discurso puede encontrarse en la derecha liberal pero también en una izquierda de corte libertario. Así, por ejemplo, las críticas al Plan de Empleo Rural parten de esta perspectiva pues habría instaurado una cultura de limosna. Según la derecha se cercenarían las energías emprendedoras de nuestros pueblos y, según la izquierda, lo que se congelaría sería su capacidad de movilización. 

Una tercera posición es la que pretende articular austeridad pública con mayor calidad en la prestación. Al menos existen tres alternativas políticas. La primera es la de la socialdemocracia que asume los modelos de evaluación neoliberal: en este caso, los servicios públicos se corrigen, mediante vigilancia, de gastos superfluos y se acentúa la voz de los ciudadanos para decidir qué servicios prestar y cómo prestarlos. Una segunda posición es la de una izquierda radical y democrática. Posición hoy inexistente, o muy débil, pero no políticamente inconsistente – si recuerdo bien mis lecturas, tal inspiración regía bastante la política de servicios sociales de la Yugoslavia socialista. Por otra parte, tal era la aportación de la izquierda autogestionaria en los años 70 del siglo XX. Para esa izquierda dos son los males a los que se enfrenta la ciudadanía: la desigualdad y las jerarquías organizativas no justificadas. Esta posición haría hincapié en cómo los burócratas, cuando no se les controla, tienden a gestionar de la manera corporativa los servicios públicos. ¿Qué diferencia nos encontraríamos respecto de la socialdemocracia? Fundamentalmente los parámetros desde los que se contempla la evaluación: en este caso no solo se evaluarían los servicios prestados sino que nos preguntaríamos cuáles deberían prestarse –lo que exigiría gasto público, pues no se asume la evaluación neoliberal- y cuáles, entre los que se prestan, deberían suprimirse. La tercera posición política es la que confía en que las privatizaciones de servicios mejoren la calidad, ya que la ciudadanía se beneficia de la competencia de mercado entre los prestadores de servicios. Es la posición de la derecha en España.

La última posición es la que ni favorece el gasto público ni se cuida de la calidad. Creo que dos posiciones políticas pueden incluirse en este esquema. La primera es la del liberalismo extremo, para el cual toda imposición fiscal es un robo y toda imposición política de un servicio es paternalista. La otra posición es de izquierda y confía en los lazos comunitarios más o menos autorregulados para detectar los problemas y tratarlos según una lógica ni mercantil ni burocrática. 

Veamos pues los cuatro ejes ordenados y sus posibles correspondencias políticas.

 

Quiero llamar la atención sobre tres cuestiones:

Número	GASTO PÚBLICO	CALIDAD	CORRESPONDENCIAS POLÍTICAS
Posibilidad 1	+	+	Socialdemocracia tradicional Liberalismo New Deal en Estados Unidos Regímenes socialistas Derecha estatista
Posibilidad 2	+	-	Izquierda radical y derecha liberal unidas contra el clientelismo
Posibilidad 3	-	+	-Socialdemocracia en modo Tercera Vía -Socialismo autogestionario -Defensa de privatizaciones para que el mercado discipline la calidad de las prestaciones
Posibilidad 4	-	-	Derecha anarquista individualista Anarquismo comunitarista

1

-Un mismo contenido político concreto puede ser defendido desde varias opciones políticas diferentes o antagónicas, eso sí asignándole un matiz diferente a la acción. La clave es para qué sirve esta, cuál es el programa estratégico en el que se enmarca. Sucede en todos los casos pero sobre todo en la tercera posibilidad, aquella que todos desean hoy ocupar.

-Los debates pueden leerse como un intento de expulsar a alguien de la posibilidad que dice ocupar y enviarlo a otra. Si leemos el conjunto de posibilidades que aparecen, podemos hacer combinaciones que nos ayudan a comprender el debate. Pongo un ejemplo que cabría desarrollar en cada caso. El defensor de las privatizaciones (posición 3.3) dirá que el autogestionario y el de la Tercera Vía son en realidad la posibilidad 2: enorme gasto público sin calidad. A su vez, el socialdemócrata Tercera Vía enviará al autogestionario a la posibilidad 2 pues considera que no es posible defender la intensidad en la calidad de servicios sin el despilfarro económico. El defensor de la posibilidad 3.2., por su parte, debe acusar al defensor de 3.1. de abrirle el camino a la posibilidad 4 –posibilidad que encuentra también en 3.3: el mercado solo prestará servicios fáciles a costo bajo –y los difíciles a costo muy alto- lo que de hecho empobrece tanto la cobertura que nos encontramos, para los más pobres completamente desprotegidos.

-Mi posición preferida es la 3.2., la de mejores servicios sin deformaciones corporativistas producidas de los prestatarios. Para lo cual tal eje debe favorecer instancias deliberativas que evalúen los servicios e impidan la distorsión burocrática de sus objetivos y/o del modo de implementarlos. Una solución posible es recurrir a instancias de evaluación formadas por ciudadanos comunes elegidos por sorteo y a los que se compensa por su actividad. Esos ciudadanos tendrán la posibilidad de ser asesorados por técnicos y políticos pero alcanzarán un criterio propio. Esos gastos provendrán de una eliminación lo más estricta posible de los cargos de libre designación que solo se requerirán cuando no existan funcionarios y trabajadores públicos capaces de desarrollar la labor por la que se recluta el cargo de libre designación.